“La Administración Municipal ha instaurado las respectivas denuncias penales, esperamos que se adelanten de manera ágil para judicializar y dar captura a todas aquellas personas que vienen generando todo esta problemática que de manera irresponsable pone en riesgo a más 43 mil familias ubicadas en 77 asentamientos de alto riesgo en el municipio”, aseguró la Secretaria de Gobierno, Francy Elena Álvarez Ospino.

Así mismo, se está solicitando a las personas que hayan sido víctimas de este tipo de estafadores o tengan conocimiento de algún terreno en el que se esté tipificando este delito, que informen de inmediato a la Policía, Inspecciones de Policía o autoridades competentes para poder actuar de manera inmediata.

Álvarez Ospino agregó que desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres la petición de todas las instituciones y organismos de socorro que la integran es “no seguir realizando acciones ilegales de ocupación o invasión en terrenos de alto riesgo. Se intervienen estos predios y la naturaleza está cobrando estas intervenciones sin las normas técnicas y de manera irregular porque no existen ningún permiso por la autoridad, que en este caso sería la CAS, para intervenir los taludes que en este momento vienen generando deslizamiento”.

En Colombia la invasión de tierras es un delito tipificado en el Código Penal; en su artículo 261, por usurpación de tierras, fija penas entre los 48 y 54 meses de prisión así como multas de hasta 75 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). En cuanto a la invasión de tierras señala en su artículo 263 que las multas están entre los 50 y 200 SMLV y las penas podrán ir de 32 a 90 meses de prisión, lo que podría aumentar hasta los 8 años de identificarse quién estuvo al frente de la misma.