Luis Eduardo Velásquez, asesor de la oficina de Paz y Convivencia se refirió a la importancia del trabajo articulado a favor de los líderes y lideresas en la ciudad: “estamos siempre pendientes de la protección y prevención a los líderes, es importante para Barrancabermeja y el Magdalena Medio porque ellos requieren atención del estado”.

Diez fueron las principales conclusiones y compromisos que arrojó este ejercicio acompañado desde la Oficina de Paz y Convivencia destacando lo siguiente:

En materia de protección.

1. Se realizará sesión de la subcomisión de Garantías de seguridad antes de agosto de 2018.

2. La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja hará una capacitación sobre la Directiva No.2 de 2017.

3. Será revisada la Ruta de Protección Local de Barrancabermeja para mejorar la articulación interinstitucional.

4. La Unidad Nacional de Protección –UNP- apoyara y participará. Además, la Policía Nacional revisará las medidas preventivas a favor de los defensores de DD HH y líderes para mejorarlas.

Así mismo, el 8 de mayo se desarrollará la primera jornada de seguimiento a implementación de medidas de protección, donde la UNP revisará el documento presentado por las organizaciones de la sociedad civil y responderá sobre las propuestas expuestas, incluso sobre el funcionamiento de su enlace en Barrancabermeja.

En acceso a la justicia.

1. Se desarrollara en la región del Magdalena Medio una labor de prevención y anticipación, como estrategia del Cuerpo Élite de la Policía que busca evitar afectaciones a los defensores de DD HH y el desmantelamiento de grupos ilegales.

2. Se retomará el trabajo para concretar el Circuito Judicial del Magdalena Medio, con el apoyo de entidades como la Fiscalía, la Defensoría y el Ministerio de Justicia. Este tema será llevado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por parte del Cuerpo Élite de la Policía y la Consejería Presidencial para los DD HH.

3. Se conformará un equipo de trabajo entre entidades y sociedad civil para consolidar en la propuesta, se dará inicio al ejercicio de intercambio de información entre la Fiscalía y las organizaciones sociales sobre casos, patrones que afectan la garantía el derecho a la justicia.